Tomar posición frente al tema del nuevo plebiscito que se realizará conjuntamente con las elecciones nacionales, para derogar la ley de caducidad de la pretensión punitiva del estado, significa estar de un lado o de otro, ya que aquí todo se politiza, y más aún cuando se trata de temas redituables a nivel partidario e ideológico. Es casi imposible ser objetivo, y quedar al margen de algunos de los dos bandos, si se me permite decirlo así. El poder político actual, y las organizaciones que se declaran defensoras de los Derechos Humanos, pretenden fracturar nuevamente a nuestra sociedad, poniendo en el tapete algo que ya fue zanjado por decisión popular en 1989.

Con esta nueva consulta popular, lo que se hace ni más ni menos, es desconocer la voluntad emanada por el soberano en aquella oportunidad, y por lo tanto desprestigiar al mismo, imponiendo el accionar de los impulsores de la consulta con argumentos un tanto falaces. Uno de ellos, esgrimido por la comisión organizadora, expone que en 1989 el pueblo uruguayo se manifestó a favor de la referida ley, por temor a que hubiese un nuevo golpe de estado. De manera muy personal pienso y creo, que ello estaba muy lejos de ser así, dado que los militares habían quedado muy desgastados, y no les convenía tomar de nuevo el poder.

Lo que si estoy seguro, es que nuestro pueblo tomó esa decisión dentro del marco de pacificación nacional, que configuró el Dr. Sanguinetti dejando en libertad a los presos políticos y comunes, medida esta última que siempre cuestioné, pues en cierta medida fue el comienzo de la inseguridad que hoy campea por todos lados. Pero además, el Dr. Sanguinetti amnistió a los Tupamaros e integrantes del P. Comunista que habían sido exiliados durante el gobierno de facto. No digo nada nuevo con esto. Lo se.

Ahora bien, se tuvo que equilibrar la balanza pues de lo contrario, la referida pacificación nacional no sería tal, y recordemos que desde filas del Frente Amplio y otras organizaciones, se solicitaba amnistía irrestricta y total. Es así que desde el Poder Ejecutivo de la época, se promulga la ley de caducidad la cual es avalada primeramente por el Parlamento, en donde no había mayoría como actualmente, y tres años después mediante decisión popular.

También es bueno recordar, que el actual gobierno integró en la salida de la dictadura, el Pacto del Club Naval, desde donde se propició la reinstauración democrática, con ciertos puntos que el Frente Amplio ahora en el poder, supo cumplir cabalmente salvo en algunos casos por todos conocidos, y que no cabe duda que si puso presos a Bordaberry, Álvarez, Gavazzo y alguno más, lo efectuó para quedar bien frente a la ciudadanía, y que esta no le reprochara al respecto.

Sin embargo, en estos años que lleva en el poder no se atrevió a derogarla, teniendo todo a su favor para hacerlo. Esa medida debería de haber sido una de las primeras en tomar el Dr. Vázquez tras su asunción, y así allanar el camino para dar curso a las investigaciones reclamadas por un sector de la población. Pero naturalmente que no lo hizo, ya que así sabía que iba a gobernar sin posibles sobre saltos originados por las citaciones a militares, y que estos no acatarían creando evidentemente situaciones rispidas que para nada le ayudaría.

A fines del pasado año y principios del presente, se conformó una comisión recolectora de firmas para volver a plebiscitar la referida ley, alcanzando el número requerido por nuestra constitución. Por su parte, el Parlamento en una clara injerencia en el área jurídica la declaró inconstitucional. Al tener conocimiento de ello, el Presidente Vázquez que se encontraba de gira, manifestó su alegría diciendo fuera de contexto que para él dicha ley siempre fue inconstitucional.

Suponiendo que fuese así, tiene dentro de su mandato una ley que infringe la constitución, y su responsabilidad es derogarla mediante decreto de forma inmediata. Pero opta porque en el termino de su mandato, sea el soberano que como hace veinte años decida, y así el gobierno finaliza su gestión sin mayores dolores de cabeza, pero dejando a su sucesor, si se deroga claro está, un cúmulo de problemas que sin dudas harán compleja su gestión, derivando la atención de problemas sociales graves. Pero no olvidemos que al Frente Amplio le gusta vivir en el pasado, y este debió ser zanjado en tiempo y forma, y no seguir por los siglos de los siglos con el mismo libreto.

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